Una forma de ampliar sus oportunidades de negocio es presentarse a alguna licitación de la Administración pública. ¿Está preparado? Vea los pasos a seguir para iniciar este proceso.
En una contratación pública, es necesario estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de no incurrir en ciertas prohibiciones (entre otras, no haber estado condenado por sentencia firme por ciertos delitos –como terrorismo, corrupción, etc.– ni tener sanciones administrativas graves). En ocasiones, según los pliegos que se publiquen, se podrán establecer otros requisitos.
Por otro lado, deberá tener capacidad de obrar, que en las empresas viene determinada por la actividad fijada en los estatutos. Es decir, las prestaciones solicitadas por la Administración en una licitación deben estar previstas en su objeto social como una de sus actividades.
También debe tener capacidad para ejecutar el contrato a nivel económico y técnico, es decir, acreditar su solvencia económica y profesional. Además, deberá estar clasificado para los contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, así como en los procedimientos abiertos simplificados. A estos efectos, sepa que:
Puede inscribirse como empresa acreditada en este enlace.
Para acreditar lo anterior, deberá aportar lo siguiente:
En ocasiones se le puede exigir la inscripción en un registro concreto en el que se hagan constar todos los datos anteriores, sin necesidad de aportarlos con posterioridad. Por ejemplo, en Cataluña existe el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI).
Los órganos de contratación publican las licitaciones a través de diferentes plataformas, a las que usted puede suscribirse y recibir avisos. El Estado cuenta con su propio portal en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Además, cada una de las comunidades autónomas –y en ocasiones los propios ayuntamientos– también disponen de plataformas de contratación del sector público (por ejemplo, el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o la Plataforma de Servicios de Contratación Púbica, en Cataluña).